El Instituto Politécnico Nacional. La autonomía necesaria

Hace 21 años, con motivo de su nombramiento como director del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Miguel Ángel Correa Jasso, señalaba que la autonomía de la institución “no era motivo de vida o muerte. La autonomía, dijo, no es algo que tenga que perseguirse en lo inmediato”. Esto como respuesta a las palabras del entonces presidente, Vicente Fox, durante la ceremonia y que sugerían que esa sería la última vez que un titular del ejecutivo nombrara a un director del IPN.

El tiempo dio la razón al doctor Jasso: la autonomía no ha sido un tema prioritario para el Politécnico. Y si bien hay evidencia de que ésta es más que necesaria, y en cierto sentido se han buscado dar pasos en esa dirección, la autoridad del IPN se ha pronunciado sistemáticamente en contra de ese reconocimiento jurídico, argumentando que, en la práctica, la institución es autónoma en muchos aspectos y que el cambio de estatus no representaría una diferencia fundamental. Sin embargo, es probable que las razones del rechazo no deban buscarse en aspectos sustantivos como la libertad de catedra e investigación, sino en las implicaciones en caso de volverse el Politécnico un órgano descentralizado del Estado.

Comenzaremos con los dilemas que plantea los hechos recientes para luego avanzar hacia la historia inmediata del IPN con miras a plantear las posibles razones de ese rechazo.

La aprobación de una iniciativa presentada por dos diputados de Morena al congreso de Hidalgo para reformar la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional plantea un interesante dilema para la institución educativa, pues si bien la iniciativa representa una intromisión por parte de actores ajenos a la comunidad politécnica, también reafirma la necesidad de que ésta goce de una autonomía plena, dados los “candados” que la nueva ley general de educación superior establece respecto a estas intromisiones. En su artículo segundo, la ley impide modificar las leyes orgánicas de las instituciones autónomas sin su consulta. Esto debido a ciertas iniciativas individuales, hay que decirlo que en los congresos de los estados han buscado trastocar la autonomía de las instituciones a las que el Estado reconoce como autónomas.

En este sentido, hace bien IPN al señalar como una intromisión la iniciativa de reforma por parte del congreso del estado de Hidalgo, pues no importa cuán buenas sean las intenciones de los legisladores, lo deseable sería que una institución como el IPN decidiera sobre su propio destino, sin embargo, tampoco hay que olvidar que la autonomía es un decreto externo, en algunos casos viene como reconocimiento del Estado hacia una institución, en otros quizás los casos paradigmáticos en materia de autonomía universitaria, es resultado de conflictos, pero siempre ha constituido un acto externo a las instituciones educativas.

Ahora bien, la posible autonomía del IPN no puede entenderse al margen de la configuración histórica de la institución, pero ese es tema para otra intervención, por lo que aquí me referiré solo al pasado inmediato. Esto es: las movilizaciones iniciadas en 2014 con motivo de una serie de cambios en el reglamento interno del IPN que rápidamente dieron lugar a demandas de amplio alcance y abrieron la puerta a un proceso de autonomización derivado de un consenso interno.

Son varias las aristas que quedarán de lado en esta intervención. Únicamente diré que ya entonces la idea de la autonomía fue cobrando fuerza en el movimiento y que, dentro de los acuerdos alcanzados con la autoridad, el Congreso Nacional Politécnico, se planteaba como un espacio ideal para que la comunidad debatiera en torno a este punto. No obstante, a exactamente seis años del conflicto, ese congreso que se planteó como “resolutivo y fundacional” no ha tenido lugar.

Es cierto es que el IPN es una institución compleja, y que los consensos necesarios para la puesta en marcha de un congreso con semejante tarea no es algo sencillo, sin embargo, también lo es que el impulso de hace seis años ha perdido fuerza. Hoy son considerablemente menos los estudiantes que participaron en las movilizaciones que dieron lugar a los acuerdos y compromisos todavía pendientes. Por supuesto, esto no resta mérito al Congreso Nacional Politécnico (sus reglas de operación se acordaron en noviembre de 2019 y la actual contingencia sanitaria han hecho imposible su realización), pero el retraso de años parece un síntoma de que la autoridad del politécnico apostó al desgaste del movimiento y, ahora, los desafortunados intentos de reforma por parte de los diputados morenistas abren la puerta a un debate falso, pues la autonomía y la nueva ley general de educación superior establecen candados contra esas intromisiones.

Las razones de la negativa de la autoridad hacia la autonomía de Politécnico son todavía más complejas, pero podemos apuntar una como la candidata de mayor peso: con la autonomía se abre un panorama nuevo en las relaciones laborales, pues éstas pasarían a regirse por el apartado A del artículo 123 de la constitución, correspondiente a los órganos descentralizados del Estado, y no por el apartado B, como se rigen actualmente. En teoría, este cambio también abre la puerta a un sindicalismo no adscrito al SNTE, cuya sección 60 agrupaba en 2016 a 17 mil profesores del IPN. Desde ese punto de vista, es probable que el razonamiento de la autoridad sea sencillo: como entonces señalo el doctor Correa Jasso, la autonomía no es una cuestión prioritaria, pues simplemente no vale lo que parece costar cuando se contemplan los conflictos a los que se enfrentaría la institución en caso de volverse autónomo. Aunque la pregunta de si la autonomía de politécnico es una cuestión de vida o muerte, como también apuntaba el doctor, es de una naturaleza distinta.